La reforma a la Ley 47-20 es la oportunidad. Pero el verdadero salto está en construir la capacidad del Estado para formular proyectos APPeables desde adentro.
República Dominicana tiene algo que pocos países de la región lograron en tan poco tiempo: un marco legal APP funcional, una institución especializada, y cinco años de aprendizaje real sobre el terreno. Eso no es poco. Eso es la base.
El anteproyecto de reforma a la Ley 47-20 que hoy está en el Congreso abre una conversación necesaria. Uno de los elementos que debe estar en el centro de esa discusión es la participación activa de las entidades públicas en la formulación de proyectos.
Lo que viene ahora es la parte más difícil y más interesante
Hoy, aproximadamente el 80% de las iniciativas presentadas ante la DGAPP han sido de origen privado. Eso no es un error de la ley. Es una característica de una etapa temprana, el privado tiene equipos estructuradores, tiene incentivos claros, tiene experiencia moviéndose en estos procesos. Es natural que llegue primero.
Pero no es sostenible como modelo permanente y hay razones técnicas concretas para decirlo.
El problema real: asimetría desde el origen
Cuando el proyecto nace desde el privado, nace con una lógica de retorno, no de necesidad pública. Los supuestos de demanda los define quien tiene interés en que el proyecto sea viable. La distribución de riesgos se diseña para proteger al promotor. El análisis de Valor por Dinero (VfD), que es el corazón técnico de cualquier decisión APP seria se construye sobre proyecciones que el Estado no modeló, no validó, y muchas veces no tiene capacidad de contradecir en la negociación. Ahí está el problema real.
El VfD no es un trámite. Es la herramienta que le dice al Estado si tiene sentido estructurar este proyecto como APP o si es más eficiente ejecutarlo por inversión pública tradicional. Pero esa comparación solo es robusta cuando el Estado llega a la mesa con su propio modelo, con sus propios supuestos de costo, de riesgo fiscal, de demanda proyectada.
Cuando el privado llega primero con el expediente completo, el Estado queda evaluando sobre la narrativa del otro. Y en esa posición, la negociación de riesgos, quién absorbe el riesgo de demanda, quién cubre los sobrecostos de construcción, quién activa las cláusulas de re-equilibrio financiero ocurre con información asimétrica. El privado sabe exactamente dónde están los puntos de quiebre del proyecto. El público, frecuentemente, no.
El resultado no es solo un contrato subóptimo. Es un pasivo contingente que el Estado asume sin haberlo cuantificado y que puede activarse años después, cuando el gobierno que firmó ya no existe y el que hereda el problema no tiene ni el expediente ni la memoria técnica para gestionarlo.
Eso no es una APP en su sentido pleno. Es una concesión con otro nombre y con el riesgo fiscal del Estado mal medido desde el día uno.
El salto que necesita RD
El salto que necesita República Dominicana y que la reforma puede facilitar es que las entidades públicas desarrollen la capacidad de formular proyectos que sean, como decimos en este ecosistema, APPeables: técnicamente estructurados, fiscalmente sostenibles, y suficientemente atractivos para el mercado privado.
Eso no se logra solo con un artículo en la ley. Requiere inversión en capacidad técnica institucional, equipos, metodologías, acompañamiento especializado.
Chile, Colombia, y Perú no llegaron a tener carteras robustas de APP por casualidad. Llegaron porque el Estado aprendió a llegar primero con proyectos bien preparados, con estudios que resistieran el escrutinio de cualquier financiador internacional, con una narrativa de riesgo construida desde adentro.
República Dominicana tiene la institucionalidad. Tiene el marco. Tiene la voluntad.
El próximo paso es construir esa capacidad formuladora desde el sector público y ese es precisamente el trabajo donde XPERTA encuentra su razón de ser: acompañar tanto a entidades públicas como a promotores privados en estructurar proyectos que merezcan ser APPeables.
La reforma es la oportunidad. La capacidad técnica es la condición. Ambas tienen que avanzar juntas.
Charles Betances – Managing Partner XPERTA
Santo Domingo, República Dominicana – 23 de Junio 2026
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